“Existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014”, concluyó el informe de los juristas Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Santiago Cantón (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá).
Al presentar el reporte en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el panel recomendó a Almagro invitar a los Estados parte en el Estatuto de Roma a remitir la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, así como solicitar a la fiscal “la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad” recogidos.
El informe de 400 páginas y 400 más de anexos identifica 131 víctimas de asesinatos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro desde 2014, “perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos”.
“Las tácticas utilizadas demuestran claramente un patrón con la intención de matar”, asegura.
Además, señala 8.292 ejecuciones documentadas desde 2015.
“Esta cifra alarmante demuestra aún más el carácter sistemático y generalizado del crimen de asesinato”, dice.
También da cuenta de 12.000 venezolanos “arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013”, en las que Maduro fue electo sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez.
Más de 1.300 personas han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno, según el panel, que dijo haber comprobado “la existencia de un evidente nexo de persecución por motivos políticos”.